El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha celebrado el acto de apertura del año judicial 2026-2027, una ceremonia en la que el presidente del TSJC, Juan Avello Formoso, y el fiscal superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover, han realizado un balance de la situación de la Justicia en el Archipiélago y han expuesto los principales retos que deberá afrontar durante el nuevo curso judicial.
El acto ha servido también para reconocer el trabajo desarrollado por jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, personal funcionario y demás profesionales que contribuyen diariamente al funcionamiento del servicio público de la Justicia en Canarias.
En su intervención, Juan Avello Formoso ha señalado que el acto de apertura del año judicial trasciende el cumplimiento de una tradición institucional y constituye una oportunidad para rendir cuentas ante la sociedad, reafirmar el compromiso con el Estado social y democrático de Derecho y reconocer el trabajo de quienes sirven a la Justicia en Canarias.
El presidente del TSJC ha defendido, asimismo, la necesidad de consolidar una cultura institucional basada en el respeto, la confianza y la consideración hacia la función jurisdiccional. En este contexto, ha destacado especialmente la presencia, por primera vez en este acto, de magistrados y magistradas jubilados, como reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al fortalecimiento de la Justicia.
Avello Formoso ha situado como principal hito del ejercicio 2025 la culminación de la implantación de los tribunales de instancia. Ha reconocido el esfuerzo realizado por los directores de los servicios comunes, los letrados coordinadores, el secretario de Gobierno, los presidentes de los tribunales de instancia, la carrera judicial y el conjunto de operadores jurídicos.
Según ha explicado, esta reforma está orientada a mejorar la eficacia, la especialización y la proximidad del servicio judicial, aunque ha supuesto una importante complejidad organizativa.
El presidente ha valorado que, pese a la magnitud del cambio, la implantación se ha llevado a cabo con responsabilidad y está comenzando a ofrecer resultados positivos. Respecto a los datos de la Memoria del TSJC, ha resumido la situación de la Justicia canaria en cuatro ideas principales: El incremento del número de asuntos; La elevada tasa de litigiosidad; La sobrecarga de los órganos judiciales, y el alto nivel de rendimiento de los integrantes de la carrera judicial en Canarias.
El presidente ha advertido de que la litigiosidad continúa creciendo en prácticamente todos los órdenes jurisdiccionales. No obstante, ha subrayado que detrás de cada expediente hay una persona que espera una respuesta, por lo que la calidad del servicio público de la Justicia no puede medirse únicamente mediante estadísticas, sino por su capacidad para ofrecer respuestas útiles, comprensibles y dictadas en un plazo razonable.
Avello Formoso ha reclamado la incorporación de más jueces y una carrera profesional que permita ejercer la función jurisdiccional sin que la carga de trabajo perjudique la salud de quienes la desempeñan. En este sentido, ha defendido la necesidad de prestar una atención específica a la salud laboral de jueces y magistrados y de fijar límites reales a la carga de trabajo.
También ha reclamado mejoras en las infraestructuras judiciales y ha calificado de urgente la situación del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, por su incidencia tanto en el funcionamiento de los juzgados como en la atención que reciben los ciudadanos. El presidente ha agradecido los esfuerzos de la Comunidad Autónoma y ha reiterado su disposición a colaborar para alcanzar el objetivo común de prestar un mejor servicio a la ciudadanía.
La intervención ha incluido una referencia al quinto centenario de la creación de la Real Audiencia de Canarias, constituida mediante real carta otorgada por Carlos I en Granada el 7 de diciembre de 1526. Avello Formoso ha destacado que aquella institución fue el primer órgano judicial con jurisdicción sobre todo el territorio insular y que nació con la finalidad de acercar la Administración de Justicia a los habitantes del Archipiélago.
En relación con el futuro, el presidente del TSJC ha identificado como principales desafíos la modernización tecnológica, la especialización judicial, la transparencia institucional y la protección de las personas más vulnerables. Ha señalado que la transformación digital debe servir para rediseñar procesos, facilitar el trabajo de los profesionales, mejorar la coordinación entre instituciones y ofrecer un servicio más accesible a la ciudadanía.
Asimismo, ha defendido la necesidad de contar con órganos especializados para hacer frente a materias cada vez más complejas, como la delincuencia económica, la ciberdelincuencia, la violencia sobre la mujer, la protección de menores, el medio ambiente o la inteligencia artificial. Avello Formoso ha reivindicado también el papel de la Justicia en la cohesión social y ha subrayado que una Justicia abierta, comprensible y cercana contribuye a reforzar la legitimidad del sistema.
En este apartado, ha recordado la incorporación de Josefina Triguero a la carrera judicial en 1978 como la primera mujer jueza en España, y ha reivindicado el valor de las pioneras que hicieron posible la actual presencia de las mujeres en la judicatura. Finalmente, ha vinculado la legitimidad del sistema judicial con la independencia, la responsabilidad y la inamovilidad de jueces y magistrados, sometidos únicamente al imperio de la ley.
Ha concluido con un mensaje de reconocimiento a quienes trabajan al servicio de la Justicia en Canarias y con un llamamiento a afrontar el futuro con rigor, independencia, responsabilidad y optimismo. Discurso del fiscal superior de Canarias
Fiscalía
Por su parte, el fiscal superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover, ha centrado su intervención en la situación y las necesidades del Ministerio Fiscal en el Archipiélago, así como en los desafíos que plantea la evolución de la criminalidad y la creciente complejidad de la respuesta penal. Serrano-Jover ha puesto en valor el trabajo desarrollado por los fiscales y por el personal de apoyo de la Fiscalía, y ha destacado la importancia de garantizar una actuación coordinada con los órganos judiciales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las administraciones públicas y el resto de operadores jurídicos.
El fiscal superior ha señalado que la Fiscalía debe seguir reforzando su capacidad de respuesta ante fenómenos delictivos que requieren una preparación especializada, una mayor coordinación institucional y el uso eficaz de las herramientas tecnológicas. Entre ellos, ha aludido a la delincuencia organizada, la criminalidad económica, los delitos cometidos a través de internet, la violencia de género y la protección de menores y personas especialmente vulnerables.
Durante su discurso, ha subrayado la necesidad de dotar a las fiscalías de Canarias de medios personales y materiales suficientes para afrontar el volumen de trabajo y garantizar el ejercicio de sus funciones con independencia, eficacia y proximidad. El fiscal superior ha incidido también en las dificultades derivadas de la configuración territorial de Canarias.
La insularidad exige una planificación específica de los recursos, mecanismos de coordinación eficaces y soluciones que eviten que la distancia geográfica entre islas genere desigualdades en el acceso a la Justicia o en la prestación del servicio público. Asimismo, ha defendido el fortalecimiento de las unidades especializadas y la mejora de los sistemas de información y comunicación, con el objetivo de agilizar la tramitación de los procedimientos, facilitar la coordinación entre las distintas instituciones y ofrecer una respuesta más rápida y eficaz a las víctimas.
Serrano-Jover ha dedicado una atención especial a la protección de las víctimas y de las personas en situación de vulnerabilidad. En este sentido, ha reivindicado una Fiscalía cercana, capaz de garantizar la tutela de los derechos de quienes afrontan una situación de especial fragilidad y de reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. El fiscal superior ha concluido su intervención destacando que el nuevo año judicial debe servir para consolidar los avances alcanzados, corregir las carencias existentes y avanzar hacia una Administración de Justicia más ágil, especializada, accesible y eficaz.