Según datos de la Seguridad Social, el 70,3% de las mujeres marroquíes y el 81,9% de las argelinas no cotizan en Cataluña.
Hablamos de cientos de miles de personas en edad laboral que no sostienen el sistema mientras acceden a ayudas públicas pagadas por los contribuyentes: comedor escolar, transporte, aula matinal, actividades extraescolares, Ingreso Mínimo Vital, bonos sociales de luz y gas, ayudas al alquiler, vivienda y servicios sociales. Mientras, autónomos, trabajadores y pensionistas soportan la carga fiscal. Este modelo de inmigración masiva sin exigencia laboral ni integración real colapsa escuelas, barrios y recursos públicos. Si no se pone orden, el coste social y económico será cada vez más grave.