Guillermo Ortiz planteó una pregunta incómoda: ¿realmente viven mejor los mexicanos? Reconoció algo indiscutible: la pobreza cayó fuertemente. Su tesis, sin embargo, es que se elevó el “piso” de ingresos mientras pueden estar debilitándose instituciones y condiciones necesarias para crecer en el futuro. Sheinbaum respondió defendiendo la reducción de la pobreza, el aumento salarial y el crecimiento reciente, y recordó a Ortiz su paso por Hacienda durante la crisis de 1994 y el Fobaproa. Pero si queremos contestar seriamente “¿vivimos mejor?”, hay que poner SOBRE LA MESA TODO el expediente 2018–2026: 🔴 PODER JUDICIAL. La Constitución fue modificada para que ministros, magistrados y jueces federales sean elegidos por voto popular. No es una opinión: se sustituyó parte sustancial del modelo de carrera y nombramiento judicial por uno electoral. 🟠 CONTRAPESOS. Se extinguieron INAI, COFECE, IFT, CONEVAL, CRE, CNH y MEJOREDU. Muchas funciones continúan, pero desapareció la misma arquitectura de autonomía que separaba transparencia, competencia, telecomunicaciones, energía y evaluación social del Ejecutivo. 🟡 DEUDA. La medida más amplia de deuda pública pasó de 44.8% del PIB en 2018 a 51.5% en julio de 2026. 🟢 SALUD. La población con carencia de acceso a servicios de salud pasó de 16.2% en 2018 a 34.2% en 2024: 44.5 millones de personas. 🔵 INSABI. La 4T eliminó el Seguro Popular, creó el INSABI en 2019 y extinguió su propia creación en 2023, trasladando el sistema hacia IMSS-Bienestar. Tres modelos institucionales en pocos años para atender a decenas de millones de personas. Fuente: Gobierno de México. 🟣 EDUCACIÓN. En PISA, México pasó entre 2018 y 2022 de 409 a 395 puntos en matemáticas, 420 a 415 en lectura y 419 a 410 en ciencias. Sólo 34% alcanzó el nivel básico en matemáticas. 🔴 INFORMALIDAD. En 2026 alrededor de 55.1% de la población ocupada seguía trabajando en la informalidad. Más de la mitad del mercado laboral continúa fuera de un esquema pleno de seguridad social y protección laboral. 🟠 IMPUNIDAD. En 2025 ocurrieron unos 33.8 millones de delitos y 93.4% no se denunció o no generó investigación. 🟡 PRISIÓN SIN SENTENCIA. En 2024 había 85,547 adultos privados de la libertad sin sentencia; 47% estaba sujeto a prisión preventiva oficiosa. 🟢 MILITARIZACIÓN. La Guardia Nacional terminó constitucionalmente incorporada a Defensa. Paralelamente, las Fuerzas Armadas participan en seguridad, aeropuertos, Tren Maya, Mexicana, hoteles y otras empresas públicas. 🔵 PEMEX. El FMI estima aproximadamente US$85 mil millones de apoyo fiscal entre 2019 y 2024, más de 5.6% del PIB según su cálculo acumulado. 🟣 TREN MAYA. En 2019 se anunció un costo total de 120–150 mil millones de pesos. Sólo durante 2024 se ejercieron 151,642.8 millones: un año de gasto superó el límite originalmente anunciado para todo el proyecto. 🔴 DOS BOCAS. En 2019 se anunció un límite de US$8 mil millones y terminación en tres años. En agosto de 2024 Pemex informó una inversión de US$16,816 millones: más del doble del límite inicial oficialmente anunciado. 🟠 RELACIÓN ECONÓMICA CON EU. Estados Unidos activó consultas formales del T-MEC contra la política energética mexicana en 2022. Y en el litigio por maíz biotecnológico México sí perdió formalmente: el panel dio la razón a Estados Unidos en sus siete reclamaciones. Fuente: USTR. 🟡 DERECHOS HUMANOS Y MIGRACIÓN. En la estación migratoria federal de Ciudad Juárez murieron 40 migrantes y 27 quedaron lesionados. Un país no vive mejor únicamente porque aumenta el ingreso disponible. También necesita hospitales que atiendan, medicinas, escuelas que enseñen, fiscalías que investiguen, jueces independientes, contrapesos, seguridad jurídica, inversión, productividad y finanzas públicas capaces de sostener todo lo anterior. project-syndicate.org/commen…

¿Puede un juez decidir que un adolescente no debe saber quién es su padre biológico para “protegerlo”? La @SCJN acaba de fijar un criterio fundamental: una cosa es quién es jurídicamente tu padre y otra, muy distinta, tu derecho a conocer de dónde vienes. La Corte reconoce que puede mantenerse intacta una filiación construida durante años por afecto, cuidados y estabilidad familiar. Pero eso no autoriza a ocultar la verdad biológica. El derecho a conocer el propio origen pertenece al hijo, no al padre biológico ni al padre legal. Sólo puede limitarse ante un riesgo real, probado y suficientemente justificado. La idea es poderosísima: proteger a una familia no exige borrar la historia de una persona. La identidad no cabe completa en un acta de nacimiento. También está hecha de origen, memoria, genética y verdad. Nadie debería crecer dentro de una historia sobre sí mismo que todos conocen, menos él. Aquí puedes consultar la tesis que generó este caso: sjfsemanal.scjn.gob.mx/detal…

En 2017, @Pajaropolitico y @MXvsCORRUPCION siguieron el dinero: $7,670 millones en contratos, 11 dependencias, 8 universidades y $3,433 millones que terminaron en empresas fantasma. Casi una década después, La Estafa Maestra llega a la @SCJN. Pero no para decidir quién se quedó con el dinero. La pregunta es todavía más inquietante. La Corte deberá resolver si la ASF, el órgano que audita el dinero público, detecta posibles desvíos y los denuncia, puede promover amparo cuando una decisión de fiscales o jueces termina cerrando esos casos. La paradoja es enorme: podría descubrir el quebranto, documentarlo y denunciarlo… pero no combatir su cierre porque el dinero perdido no es patrimonio de la propia ASF. Y ahí está el verdadero problema institucional: México puede construir auditorías capaces de encontrar el agujero, pero un sistema de justicia incapaz de convertirlo en responsabilidades y recuperación del dinero. La Corte no decidirá culpabilidades. Decidirá algo previo y fundamental: cuando desaparece dinero de todos, ¿quién tiene legitimación para defenderlo? grupoanimal.mx/politica/esta…

Hoy @SergioSarmiento advierte en @Reforma, en “Creciente censura”, sobre algo que deberíamos tomarnos MUY en serio: la libertad de expresión no se viola solamente cuando el Estado te prohíbe hablar. También puede violarse cuando criticar al poder empieza a tener un costo jurídico tan alto que la gente prefiere callarse. Ahí está el verdadero riesgo de la llamada “Ley Meme”. El texto fue acotado y ya no puede decirse seriamente que cualquier meme lleve automáticamente a prisión. Pero introduce derecho penal, hasta 5 años de cárcel, alrededor del uso de imágenes y símbolos gubernamentales. Y la SCJN ha advertido algo fundamental: una norma penal ambigua puede ser inconstitucional por el simple EFECTO INHIBIDOR que produce. No hace falta encarcelar a todos: basta que periodistas, caricaturistas y ciudadanos empiecen a preguntarse “¿me van a investigar por publicar esto?”. Y por eso importa mirar el contexto que señala Sarmiento: publicaciones retiradas por autoridades electorales, sanciones por expresiones políticas, libros sometidos a medidas administrativas y ahora una nueva amenaza penal. Cada caso tiene reglas y circunstancias distintas; no prueban por sí solos una estrategia coordinada. Pero juntos obligan a formular una pregunta democrática brutalmente sencilla: ¿estamos construyendo un país donde para criticar al poder primero habrá que preguntarle a un abogado si podemos hacerlo?

El Congreso entró en un embudo. @Reporte_Indigo documenta 6,720 iniciativas pendientes en comisiones de San Lázaro y recoge que quedaron 304 dictámenes listos para el Pleno. Al mismo tiempo, la agenda originalmente prevista compite con nuevas iniciativas presidenciales, la glosa y el Paquete Económico 2027. Y el reloj corre: Diputados debe aprobar la Ley de Ingresos a más tardar el 20 de octubre; el Senado, el 31; y el Presupuesto, el 15 de noviembre. Además, el proceso electoral federal 2026-2027 ya comenzó, desde el 10 de septiembre. El 6 de junio se renovarán las 500 diputaciones. El problema de fondo no es cuántas leyes pueden aprobarse en una jornada. Es qué asuntos reciben tiempo para análisis, dictamen, discusión y voto, y cuáles quedan enterrados. Cuando la agenda crece y el calendario se encoge, el recurso más escaso del Congreso no son los votos: es la deliberación.

Armas, gérmenes y acero, de Jared Diamond, nos pueblos conquistaron a otros? Su respuesta rompe la idea de superioridad racial: la ventaja se acumuló durante milenios en geografía, domesticación, gérmenes, escritura, tecnología y Estado. México está dentro de esa historia. Mesoamérica creó agricultura, ciudades, escritura e imperios; pero en 1519 chocó con otra trayectoria histórica que llegó con caballos, acero, navegación, organización política y gérmenes. No fue “civilización contra barbarie”: fue la colisión profundamente desigual de dos mundos complejos. Y aquí está lo inquietante. Si seguimos la lógica de Diamond, una colisión así no termina cuando termina la conquista: reordena el poder y crea nuevas condiciones que pueden reproducirse durante siglos. México no carga sólo con problemas contemporáneos; carga con desigualdades históricas que nunca fueron completamente desactivadas. Cambiaron gobiernos, leyes y regímenes, pero eso no garantiza que desaparezcan las estructuras que concentran poder y excluyen. Por eso desigualdad, impunidad y justicia inaccesible pueden entenderse también como reverberaciones de una trayectoria histórica que México aún no consigue romper.

Un Informe de Gobierno no es una ceremonia ni un discurso de propaganda: es un ejercicio constitucional de rendición de cuentas. El artículo 69 obliga a la Presidencia a informar al Congreso sobre el estado general de la administración pública. Por eso revisamos el Segundo Informe con una pregunta muy concreta: ¿qué cuentas rindió Claudia Sheinbaum sobre la justicia? La respuesta preocupa. El Informe ofrece cifras de seguridad: homicidios, 63 mil detenidos, armas, drogas y laboratorios. Pero sobre justicia afirma que con el nuevo Poder Judicial “se nota claramente la diferencia” sin demostrarla: no sabemos cuánto disminuyó el rezago, cuánto tardan hoy los juicios, cuántas detenciones llegan a sentencia, cuánto mejoró el acceso a la justicia, qué pasó con la corrupción judicial ni cuánto se redujo la impunidad. Justamente eso era lo que la reforma prometía corregir. Y el contexto es brutal: INEGI estima que 93.4% de los 33.8 millones de delitos ocurridos en 2025 no se denunciaron o no generaron carpeta; el último censo de fiscalías registró 2.64 millones de procedimientos pendientes. México cambió jueces, creó un Tribunal de Disciplina y rediseñó el Poder Judicial. Pero el Informe no demuestra si hoy la justicia funciona mejor. Rendir cuentas no es decir que hubo un cambio. Es probarlo.

Sin autonomía real ni recursos propios, el @PJESLP no podrá hacer valer el derecho a la justicia. Propuse una iniciativa ciudadana para que el Poder Judicial reciba al menos el 3% del presupuesto estatal y se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda del @CongresoEdoSLP. Una vez más exhortamos al Poder Legislativo para que actúe con altura de miras y fortalezca estructuralmente el Estado de Derecho. Se acercan cambios de fondo en la justicia civil, familiar y penal, y en los mecanismos alternativos. Los juzgados tienen que estar preparados para atender uno de los temas más sensibles para la sociedad. Garantizar el presupuesto para la justicia es hacer realidad los derechos de los potosinos.

Una empresa puede tener cámaras, guardias y una planta impecablemente protegida… y aun así estar secuestrada por el crimen. Basta con que alguien controle la carretera por donde entran sus insumos, al transportista que mueve su mercancía, al proveedor que necesita o el mercado donde vende. Ése es el cambio brutal: la inseguridad dejó de estar afuera de la empresa y comenzó a meterse en su operación. Los datos explican la dimensión: en 2023, 27.2% de las unidades económicas sufrió algún delito y 90.3% quedó en cifra negra. INEGI estimó 747 mil extorsiones contra empresas. Y el dato más inquietante: en el sondeo de AmCham citado por Lantia, 12% respondió que el crimen organizado ya había tomado control parcial de la venta, distribución o precios de sus productos. Ahí está la frontera que debería preocuparnos: cuando el crimen deja de robarle a la economía y empieza a imponerle condiciones, ya no hablamos sólo de delincuencia. Hablamos de control territorial, mercados, logística, inversión y competitividad. México no sólo necesita proteger empresas: necesita impedir que organizaciones criminales terminen gobernando partes de la economía legal.

México tiene violencia, impunidad, fiscalías rebasadas, crisis de agua, carencias en salud y educación y leyes que el propio Congreso está obligado constitucionalmente a expedir y siguen pendientes. Pero una reforma para impedir que una persona con doble nacionalidad sea Presidente o gobernador —que además NO aplicará sino hasta 2028— recorrió Diputados y llegó prácticamente de inmediato a comisiones del Senado. Eso retrata un problema mucho mayor que la doble nacionalidad: LAS PRIORIDADES DEL PODER LEGISLATIVO. La Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas fue ordenada por la Constitución desde 2024 y todavía está en proceso; la Ley General de Bienestar Animal debía expedirse en 180 días y continúa pendiente. Para unas cosas hay años. Para otras, horas. Y queda la pregunta de fondo: ¿qué emergencia nacional estamos resolviendo? El Gobierno sostiene que busca evitar dobles lealtades, pero no ha presentado una epidemia de Presidentes o gobernadores binacionales traicionando intereses mexicanos ni datos que acrediten un daño público que explique semejante urgencia. Antes de restringir un derecho político, el mínimo debería ser demostrar tres cosas: que existe un problema real, que la reforma es necesaria y que no existe una solución menos restrictiva. Reformar la Constitución también exige justificar por qué. No sólo tener los votos.

The Economist documentó algo fascinante: trabajadores británicos empezaron a usar IA para presentar reclamaciones laborales. Los escritos crecieron, los tribunales se saturaron y los jueces atribuyen parte del aumento en complejidad al uso de IA. El rezago de reclamaciones individuales llegó a 70,000 casos en junio de 2026. Ahora pensemos en México. INEGI estima que 93.4% de los delitos queda en cifra oculta. En fraude es todavía peor: 96.5%; sólo 4.8% se denuncia. ¿Qué ocurriría si la IA permitiera mañana que millones de personas entendieran sus derechos y denunciaran? Sólo en fraude, el volumen potencial podría multiplicarse más de 20 veces. Quizá la gran disrupción jurídica de la IA no sea escribir mejores demandas. Será revelar algo más incómodo: si nuestras instituciones realmente pueden soportar que los derechos que reconocen en el papel sean ejercidos masivamente en la realidad. stoweboyd.forestry.md/00%20j…

El 6 de septiembre intentaron defraudarme: se hicieron pasar por personal del Registro Público, usaron datos de escrituras y me pidieron depositar $5,000. Decidí no bloquear el número y olvidarlo. Con ayuda de IA empezamos a documentar todo y a exigir respuestas. En 18 días hemos enviado 23 correos a Policía Cibernética, Fiscalía, Contraloría, OIC y Transparencia. ¿Y qué conseguimos? La Policía abrió oficialmente el caso con el folio 377600; elaboró un informe policial que ahora debe entregar a Fiscalía para que se abra la investigación penal; reportó la cuenta bancaria utilizada en el fraude para tratar de impedir que siga recibiendo dinero; incorporó el teléfono a su sistema de alerta y descubrimos que ese mismo número ya había sido relacionado con otros fraudes. Incluso anunciaron una alerta para prevenir nuevas víctimas. Eso es lo interesante: la IA no investigó el delito ni sustituyó a la autoridad. Nos permitió saber qué preguntar, dónde denunciar, cómo insistir y cómo evitar que cada respuesta se perdiera en la burocracia. Ahora falta lo fundamental: que Fiscalía abra la carpeta, asigne un Ministerio Público e investigue. Ahí sabremos si logramos acceso a la justicia o solamente acceso a la ventanilla.

Un día abres Facebook y tu cuenta simplemente desapareció. Años de publicaciones, contactos, trabajo y audiencia: fuera. Preguntas qué hiciste, qué regla violaste, quién tomó la decisión. Nadie te responde. Hasta ahora, la salida parecía sencilla: “Meta es una empresa privada”. Un tribunal federal mexicano acaba de cuestionar esa lógica. Sostuvo que Meta puede llegar a ser considerada autoridad para efectos del amparo cuando decide unilateralmente quién puede permanecer en una de las grandes plazas públicas digitales y esa decisión afecta derechos como la libertad de expresión. Eso no significa que Facebook sea ahora “el gobierno”, ni que nadie pueda moderar contenidos. Significa algo mucho más importante: que el enorme poder privado de las plataformas podría dejar de ser jurídicamente intocable. Si una empresa puede poner reglas, sancionarte, expulsarte y prácticamente no darte defensa, la Constitución empieza a preguntar: ¿quién controla al que controla la conversación digital?

Una mujer contrató un seguro que cubría “cáncer en mujeres”. Cuando enfermó de cáncer cérvico uterino, la aseguradora se negó a pagar invocando exclusiones contenidas en condiciones generales que nunca le había entregado. Además la sometió a estudios médicos y expuso información íntima sobre su enfermedad, aun cuando sostenía que el padecimiento ni siquiera estaba cubierto. La @SCJN cambió las reglas: una aseguradora no necesariamente se libera simplemente pagando después lo que siempre debió pagar. Si niega reiterada e injustificadamente la cobertura, incumple sus deberes legales, invade innecesariamente la intimidad del asegurado o actúa de mala fe, puede existir daño moral y, en casos graves, daños punitivos. El precedente es trascendental: el abuso deja de ser un simple “incumplimiento contractual”. La conducta de la aseguradora puede convertirse por sí misma en un ilícito. La pregunta ya no es únicamente cuánto debía pagar, sino qué daño provocó para evitar pagarlo y si necesita una sanción económica suficientemente seria para que abusar del asegurado deje de ser negocio. infobae.com/mexico/2025/06/1…

Morena impulsa una reforma que crea un nuevo delito: de 3 a 7 años de prisión para quien use o imite, “a escala comercial”, logotipos, dominios o identidad gráfica del Gobierno para inducir a engaño. La intención puede ser válida: castigar a quien clona la imagen del SAT o Bienestar para montar una página falsa y defraudar. El problema es que el texto habla también de “imitar” signos oficiales y no excluye expresamente memes, sátira, parodia, caricatura o periodismo. No dice que “hacer memes” sea delito: exige escala comercial y propósito de engaño. Pero cuando la consecuencia puede ser 7 años de cárcel, la frontera debe ser absolutamente clara. Una cosa es hacerse pasar por el Gobierno para defraudar. Otra, usar su imagen para burlarse del Gobierno. Lo primero puede ser delito; lo segundo es libertad de expresión. Esa diferencia debe estar escrita en la ley, no quedar a criterio del Ministerio Público.

Un niño nace. Uno de sus padres desaparece, no paga escuela, médicos, comida ni vivienda. El otro sostiene solo la casa durante 18 años. El niño crece. ¿Se acabó el asunto porque ya es adulto? No. La SCJN ha establecido que puede reclamar los alimentos que no recibió durante su infancia. La obligación no nace cuando llega la demanda: nace, en principio, con la filiación. Y “alimentos” no significa sólo comida. Incluye vivienda, salud, educación, vestido, recreación y condiciones para desarrollarse dignamente. Tampoco basta decir: “gano poco”. Un juez puede investigar la capacidad económica real: salario, cuentas, propiedades, rentas, inversiones y otros recursos. Ni esconder ingresos ni dejar voluntariamente un empleo convierte mágicamente la obligación en cero. Éste es el cambio profundo: la pensión alimenticia no es dinero que un adulto “le da” generosamente a otro. Es la parte de responsabilidad parental que el Derecho vuelve exigible para impedir que el costo de criar a un hijo recaiga sobre una sola persona. Por eso existen alimentos retroactivos, registros de deudores, embargos y otras medidas de cumplimiento. No es caridad. No es castigo. Es un derecho humano.

Imagine esto: un niño nace. Uno de sus padres desaparece, no paga escuela, médicos, comida ni vivienda. El otro sostiene solo la casa durante 18 años. El niño crece. ¿Se acabó el asunto porque ya es adulto? No. La SCJN ha establecido que puede reclamar los alimentos que no recibió durante su infancia. La obligación no nace cuando llega la demanda: nace, en principio, con la filiación. Y “alimentos” no significa sólo comida. Incluye vivienda, salud, educación, vestido, recreación y condiciones para desarrollarse dignamente. Tampoco basta decir: “gano poco”. Un juez puede investigar la capacidad económica real: salario, cuentas, propiedades, rentas, inversiones y otros recursos. Ni esconder ingresos ni dejar voluntariamente un empleo convierte mágicamente la obligación en cero. Éste es el cambio profundo: la pensión alimenticia no es dinero que un adulto “le da” generosamente a otro. Es la parte de responsabilidad parental que el Derecho vuelve exigible para impedir que el costo de criar a un hijo recaiga sobre una sola persona. Por eso existen alimentos retroactivos, registros de deudores, embargos y otras medidas de cumplimiento. No es caridad. No es castigo. Es un derecho humano.

Una llamada silenciosa no significa que por decir “¿bueno?” ya hayan clonado tu voz. El peligro real es más sofisticado: sirve para confirmar que tu número está activo, saber cuándo contestas, perfilarte y comenzar a construir una identidad digital que después puede enriquecerse con redes sociales, filtraciones, audios y datos personales. La IA cambia por completo el fraude: ya no basta con inventar una historia. Ahora pueden fabricar la voz de tu hijo, tu jefe o tu pareja y convertirla en un instrumento de engaño, fraude o extorsión. Entramos en una época en la que escuchar una voz conocida ya no prueba quién está del otro lado. El problema jurídico es de gran relevancia: ya no se trata sólo de proteger nuestros datos, sino de impedir que alguien fabrique una versión digital de nosotros capaz de hablar, pedir dinero o actuar en nuestro nombre. La nueva regla de seguridad debe ser brutalmente simple: no confíes en la voz; verifica a la persona por otro canal. La IA está destruyendo una certeza antiquísima: “lo escuché, por eso sé que era él”. eleconomista.com.mx/finanzas…

El Gobierno estableció una regla muy sencilla: quien no vincule su línea telefónica con su identidad puede quedarse sin servicio. ¿Qué está ocurriendo? Miles de personas están acudiendo al juicio de amparo para impedir que les suspendan el teléfono. Se han reportado más de 30,000 demandas. Ya no son casos aislados: es una ola nacional de litigios. Y aquí viene el problema enorme. Buena parte de estos asuntos puede terminar en los tribunales federales especializados en telecomunicaciones, que son muy pocos y que además deben resolver conflictos sobre competencia económica, regulación, empresas e inversiones. Miles de amparos semejantes significan miles de expedientes, suspensiones, informes, recursos y horas de trabajo judicial. La historia, entonces, no es que “la gente está saturando los tribunales”. Es mucho más grave: una sola política pública está provocando que miles de ciudadanos tengan que pedir individualmente a un juez que les proteja su línea telefónica. Una decisión masiva del Estado está produciendo litigio masivo. Y ahora el costo puede pagarlo todo el sistema de justicia. oem.com.mx/elsoldemexico/fin…

Javier Aguilar trabajaba para Vitol, una gigantesca comercializadora de energía. Entre 2017 y 2020 pagó alrededor de US$600 mil en sobornos a dos directivos de Pemex Procurement International, la filial de Pemex que hacía compras desde Houston. ¿Para qué? Para obtener información interna y ventajas que ayudaran a Vitol a conseguir contratos de suministro de etano para Pemex por cientos de millones de dólares. Para esconder los pagos utilizaron intermediarios, empresas fachada, facturas falsas y transferencias internacionales. Estados Unidos siguió el dinero, identificó a quienes pagaban y recibían, obtuvo declaraciones de culpabilidad y llevó a Aguilar ante la justicia. Resultado: 4 años de prisión, más de US$7 millones de decomiso y multa. México conocía el caso desde 2020. Pemex denunció ante la FGR, rescindió contratos y recuperó dinero; Vitol terminó pagando US$23 millones mediante un acuerdo reparatorio. Pero, hasta ahora, no aparece públicamente una condena penal mexicana equivalente contra las personas involucradas. Ahí está el escándalo: funcionarios ligados a Pemex fueron sobornados para beneficiar negocios con Pemex, pero la responsabilidad penal individual terminó materializándose en Estados Unidos.