Se cumple un año del cese de cientos de jueces de carrera judicial en México.
En días anteriores se reconoció que existen alrededor de 200,000 expedientes rezagados y se ordenó reorganizar juzgados en todo el país, ¿a quién benefició el año que México perdió en impartición de justicia? ¿A quién afectó?
Y si el fin era acercar la justicia al pueblo, dotarla de humanidad, hacerla rápida, preguntemos ¿cuántas personas obtuvieron una sentencia más rápida este año en comparación con 2024? ¿Justicia o reposiciones de procedimiento después de cuatro años? ¿Justicia o más personas privadas de la libertad sin poder acceder a una defensa adecuada? ¿Justicia o revictimización? ¿Justicia o discursos?
Pero claro, también hay que voltear hacia atrás y cuestionarnos lo que no resolvió una institución en treinta años de autonomía presupuestal (asfixiada los últimos años) que nos llevó a este punto (pareciera de no retorno). Ni romantizo ni idealizo lo que fue el PJF.
Pero si algo he visto desde mi trinchera es que todos los reclamos que dieron pie a una reforma SIN DIAGNÓSTICO se han, cuando menos, duplicado.
Lo más lamentable es que quien sufre las consecuencias todos los días somos las y los mexicanos. No necesitamos tener un proceso judicial en trámite para padecer los efectos de la implementación de la reforma, basta reflexionar cómo se usaron miles de millones de pesos de nuestros impuestos en 2025 y otros miles de millones que deberán destinarse en 2028.
¿Y qué sigue? Les confieso que no tengo idea o tengo muchas ideas.
Les deseo excelente martes 🫰🏻⚖️.