🇻🇪🚫La premisa básica sobre por qué la Ley contra el Odio, vigente en Venezuela, debe ser derogada y no reformada, reside en que es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos, de libertad de expresión, de una sociedad democrática, y es abiertamente contraria a nuestra Constitución.
Esta afirmación se fundamenta en varios argumentos, entre otros:
🔸Desde su origen, la ley quedó impregnada de una lógica que presenta las expresiones de disenso como un riesgo para la convivencia pacífica, por tanto, permitió la criminalización de centenares de personas bajo la acusación de “instigar al odio”.
🔸Prohíbe a los medios de comunicación difundir mensajes que el Gobierno considere como propaganda, incitación o apología del odio, sin que exista una definición clara sobre lo que entiende como tal, y como pena establece la posibilidad de revocar la concesión a estaciones de radio o televisión, bloquear páginas web y la imposición de cuantiosas multas.
🔸La Ley determina obligaciones, restricciones y consecuencias de naturaleza distinta a la penal, con respecto a conductas descritas con extrema vaguedad y que, además, declara imprescriptibles de forma general.
🔸Esta ley permite al Estado intervenir directamente en los contenidos que pueden difundir los medios de comunicación, como hacer uso gratuito de sus espacios para difundir mensajes oficiales, o suprimir o retirar contenidos en redes sociales o medios digitales.
🔸La Ley establece que se puede revocar la inscripción a los partidos políticos que hagan cualquier actividad o expresen una idea que el Gobierno considere como incitación al odio.
La sociedad civil venezolana reclama la derogación de la Ley contra el Odio, y en particular un conjunto de ONG nacionales e internacionales desarrollamos esta serie de argumentos en la siguiente declaración pública:
cofavic.org/ong-exigimos-la-…
La Ley contra el Odio es parte del entramado normativo que restringe y amenaza el ejercicio del derecho a la libertad de asociación, incluido el de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Por tanto, hacemos un llamado a los Estados, los organismos multilaterales y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para que mantengan su atención sobre los efectos de la vigencia de estas normas y exhorten al Estado venezolano a derogar, sin más demoras, la Ley Contra el Odio y las disposiciones conexas incompatibles con sus obligaciones internacionales.