Ayer, cientos de personas nos manifestamos contra la liberación de 56 pederastas y dos violadores de derechos humanos. Por cada manifestante, había un carabinero. Una mujer que se manifestaba pacíficamente contra estas injusticias fue herida en la cabeza por fuerzas policiales.

NO FUE UN ERROR, FUE UNA DECISIÓN ¡No les interesa proteger a las niñeces y adolescencias! ¡No les interesan los derechos de las mujeres! ¡No les interesan las víctimas! Seguiremos alzando la voz ante la impunidad.

El ministro de Justicia miente descaradamente. El Gobierno de Kast pudo haber rechazado estas rebajas de condena, como hicieron gobiernos anteriores, pero decidió hacer abandono de sus funciones al respecto.

Mienten y se escudan en que acataron los fallos de la Corte Suprema, cuando la realidad es que incumplieron su deber legal y moral. Este gobierno habla de "seguridad" y “priorizar a las infancias”, pero sus acciones las violentan, revictimizan y desprotegen.

Los imputados deberían estar en prisión preventiva en una cárcel común sin privilegios, no en un recinto de la armada. La violencia sexual es un crimen de poder, dominación y control ejercida mayoritariamente contra mujeres y niñas.

El pueblo Rapa Nui ha sido históricamente violentado por el Estado chileno y sabemos que en los crímenes de violencia sexual existe mayor impunidad, especialmente cuando es perpetrada por miembros de las FF.AA., donde impera el silencio y el encubrimiento.

Es inaceptable que se conceda libertad condicional a Patricio Maturana, criminal condenado a 12 años de cárcel por cegar a la senadora Campillai. Él ni siquiera muestra arrepentimiento ni reconoce el daño causado. Su libertad es un peligro para la sociedad.

Los dichos de Olivares, dip. del PDG, son violentos, misóginos e inaceptables. Desplazar a las mujeres del ámbito político al privado es una forma de violencia política. Ningún parlamentario ni persona con cargo público debería usar su tribuna emitir discursos de odio como este.