Gobierno de Mara Lezama dio autorización a megaproyecto inmobiliario que busca destruir 251 hectáreas de selva
El gobierno de Mara Lezama otorgó desde octubre de 2023 una autorización estatal para obras de urbanización a HAZUL, un megaproyecto inmobiliario de más de 424 hectáreas al norte de Playa del Carmen.
Proyecto que ahora está busca que SEMARNAT permita “cambiar el uso de suelo” para “urbanizar” de 251 hectáreas de selva, lo que significa talar arbolado y eliminar vegetación, además de destruir el hábitat y desplazar a los animales que viven ahí.
El propio expediente ambiental reporta fauna protegida y presencia de jaguar, especie catalogada en peligro de extinción.
Para construir viviendas, comercios, un hotel de 280 habitaciones, lagos y hasta una playa artificial porque el predio que no tiene frente al mar.
Sí, destruir selva para crear una playa privada para que disfruten los turistas.
Para dimensionarlo, estamos hablando de una superficie equivalente a casi 40 veces el terreno que ocupa el Estadio Azteca.
Detrás del proyecto está Arquitectoma, un grupo con más de cuatro décadas en el negocio inmobiliario, uno de sus principales socios y directivos ha sido Francisco Martín del Campo Souza.
En Ciudad de México fue uno de los cuatro empresarios vinculados a proceso en 2020 por fraude por el caso Tlalpan 550, un conjunto habitacional que sufrió graves daños durante el sismo de 2017.
El caso involucró a cientos de familias y en 2023 terminó con un acuerdo que extinguió la acción penal contra los empresarios.
Arquitectoma entregó 122.7 millones de pesos, pero la reconstrucción de Tlalpan 550 costó alrededor de 380 millones.
La diferencia terminó cubierta con recursos públicos a través de la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno de la CDMX y el conjunto fue entregado en 2024 durante el gobierno de Martí Batres.
En otras palabras, dos terceras partes de la reconstrucción terminó pagada por los ciudadanos.
Ese mismo año el gobierno de Mara Lezama a través de su Secretaría de Ecología y Medio Ambiente le otorgó autorización estatal para obras de urbanización.
Este proyecto necesita que el gobierno federal autorice un cambio de uso de suelo forestal y esa decisión corresponde ahora a SEMARNAT, encabezada por Alicia Bárcena.
Cuya gestión ya ha sido cuestionada por autorizar proyectos inmobiliarios con afectaciones ambientales.
Hace apenas unas semanas Bárcena sostuvo que la política ambiental debe ser “prevenir antes que reparar”.
No tendría sentido autorizar primero su destrucción y después encontrar una “oportunidad” de restauración, contabilizar árboles plantados en otro sitio o presumir hectáreas recuperadas.