Leer a un legislador de la República disertar sobre legítima defensa sin evidenciar siquiera una comprensión elemental de sus fundamentos dogmáticos resulta, cuando menos, preocupante. Que, además, lo haga exhibiendo su condición de abogado y una generosa colección de maestrías convierte el asunto en una auténtica curiosidad académica. Ante semejante contraste entre credenciales y conocimientos, surgen dos inquietudes inevitables: la primera, preguntarse qué universidades otorgan tantos títulos sin que aparentemente venga incluido el conocimiento; la segunda, comprender en qué momento la acumulación de diplomas comenzó a confundirse con la solvencia jurídica. Porque una cosa es desconocer el Derecho, carencia que siempre puede remediarse estudiando, y otra, bastante más grave, es pretender impartir cátedra sobre aquello que manifiestamente no se comprende, con la suficiencia que solo parece conferir la ignorancia sumada a una interminable lista de credenciales. Al final, los títulos pueden adornar una pared, pero jamás sustituir la solidez de un argumento. La ignorancia siempre ha sido atrevida; cuando se reviste de maestrías y ocupa una curul, por lo visto, adquiere también pretensiones de autoridad doctrinal.

No basta con solidarizarse. Urge un protocolo de prevención y protección integral para los operadores de justicia. Algo que requiere inversión estatal y apoyo de las diferentes fuentes de cooperación internacional.

Hoy el Ecuador vuelve a lamentar el asesinato de otro juez de la República. Y este hecho vuelve a enfrentarnos, de la manera más dolorosa, con un problema que el propio Consejo de la Judicatura tenía identificado: 127 servidores judiciales amenazados y apenas 58 con seguridad. Por tanto, la discusión no está en si el riesgo era conocido. Lo era. La cuestión es qué respuesta institucional se articuló frente a ese diagnóstico: ¿qué ocurrió con el plan integral de protección anunciado?, ¿qué medidas se implementaron?, ¿con qué presupuesto, personal y protocolos se cuenta actualmente para proteger a los jueces en situación de riesgo? Identificar una amenaza constituye apenas el punto de partida. La eficacia de una política de seguridad judicial debe examinarse a partir de las medidas adoptadas para gestionar ese riesgo y de la capacidad institucional existente para brindar protección efectiva. Ante un hecho de esta gravedad, ya no basta con reconocer que el problema existe. Corresponde explicar qué medidas fueron efectivamente implementadas, cuáles siguen pendientes y qué capacidad real tiene hoy el Estado para proteger a quienes administran justicia.

¿Entonces las “áreas técnicas, administrativas y legales” están por encima del Pleno del Consejo de la Judicatura y pueden adoptar decisiones de esta magnitud sin siquiera consultarlo? ¿Para qué existe el Pleno, entonces? Una cosa es emitir informes técnicos y otra muy distinta sustituir al órgano llamado a decidir. Si esa es la explicación institucional, lejos de aclarar lo ocurrido, abre una pregunta todavía más grave: ¿quién gobierna realmente el Consejo de la Judicatura? Impresentable.

Y la realidad sigue desmintiendo el relato del Consejo. Audiencias suspendidas, causas redistribuidas, incertidumbre en jueces y ciudadanía y un sistema de justicia desmantelado de un plumazo. Destruir una estructura especializada es fácil. Asumir las consecuencias parece ser bastante más difícil. El Consejo de la Judicatura debería explicar públicamente de dónde salió el diagnóstico “técnico” que justificó esta decisión y, sobre todo, quién responderá por sus efectos. Porque cuando las advertencias empiezan a convertirse en problemas concretos, ya no alcanza con comunicados ni eufemismos administrativos. Como bien lo hace notar @FRM87 esta “decisión” institucional trae consigo consecuencias demasiado serias.

¿También les explicaron a los jueces cómo funcionará su esquema de seguridad con recursos absolutamente insuficientes? ¿Les dijeron quién será responsable de protegerlos cuando empiecen a conocer causas de crimen organizado de alto riesgo? ¿Les explicaron, además, la carga procesal que están recibiendo? Porque una causa de delincuencia organizada no es “un expediente más”: puede involucrar a 10, 20 o más procesados, decenas de abogados, cientos de elementos probatorios y audiencias que duran semanas o incluso meses. Y mientras un tribunal ordinario pasa semanas juzgando una estructura criminal, ¿qué ocurrirá con los delitos comunes que ya conocía? ¿Esperan? ¿Se difieren audiencias? ¿Se alargan todavía más los plazos de una justicia que ya estaba congestionada? La lógica es extraordinaria: como los especialistas tenían menos “pacientes”, eliminaron la especialidad y entregaron los casos complejos a quienes ya tenían las salas de espera colapsadas. Es como cerrar oncología porque atiende menos pacientes que medicina general y concluir que así habrá “más médicos” capaces de tratar con el cáncer. No fortalecieron el sistema: distribuyeron el problema hasta conseguir que todos estén sobrecargados. Ojalá tengan la misma disposición para explicar estas decisiones cuando corresponda rendir cuentas políticamente.

Decir que se “modifican competencias y fusionan unidades” porque los jueces especializados tienen una menor carga procesal es como sostener que, dado que hay menos pacientes que requieren neurocirugía, sus casos deberían ser atendidos por médicos generales porque, al fin y al cabo, “también saben medicina”. La especialización existe precisamente porque no todos los casos exigen el mismo conocimiento, aunque pertenezcan a una misma materia. No se justifica por cuántos casos existen, sino por la complejidad de aquellos que la requieren. Confundir carga procesal con necesidad de especialización no es eficiencia, es desconocer para qué existe la especialización. Absurdo.

La pregunta incómoda que no podrá responder el @CJudicaturaEc: En 2022 se hizo un concurso para elegir a los jueces especializados en corrupción y crimen organizado. Hace tres días esa competencia se extendió a 35 jueces que no participaron en el concurso. Si el concurso era necesario en 2022, ¿por qué hoy no lo es? Y si no lo era, ¿por qué se hizo? La selección de los juzgadores es parte de la independencia judicial. No es un juego de hoy sí y mañana no. La cooperación internacional los está observando.

RT @ByronUzcateguiA: 📍Jueces anticorrupción ¿Experimento de 🇪🇨 o necesidad? 🇭🇳 en 2016 con apoyo de @OEA_MACCIH los implementó 🚩En 2023…

#Ecuador. Recibo con preocupación la noticia de que la unidad especializada en delitos de corrupción y crimen organizado, que ya operaba al 50% de su capacidad tras la suspensión de tres jueces, ha sido suprimida, en un momento en que el propio Consejo de la Judicatura ha declarado una emergencia judicial debido a un grave déficit de jueces. Los estándares internacionales exigen que los Estados garanticen que los tribunales cuenten con los recursos y la capacidad judicial necesarios para administrar justicia de manera efectiva. En este contexto, las medidas que afecten aún más la capacidad del poder judicial merecen un escrutinio particular. Toda suspensión, medida disciplinaria o reestructuración institucional que afecte a jueces debe respetar plenamente la independencia judicial, el debido proceso y las salvaguardias frente a injerencias arbitrarias.

La eliminación de la justicia especializada en crimen organizado por parte de Judicatura, es una burla a la cooperación internacional. Millones de dólares invertidos en el país al tacho de la basura, en un arrebato.

Hay decisiones que, más que combatir la corrupción y el crimen organizado, parecen facilitarles el camino. Eliminar la justicia especializada no fortalece al sistema de justicia: debilita su capacidad de respuesta frente a fenómenos criminales cada vez más complejos. Un retroceso difícil de entender y aún más difícil de justificar.

RT @santiak: Estos son los árboles del parque bicentenario en riesgo por el proyecto del Municipio de Quito que busca ampliar la Av. Real A…

¿A quién beneficia llenar de cemento el Parque Bicentenario a costa de la naturaleza? La ampliación amenaza con arrasar el Bosque Amarillo, una de las pocas zonas del parque que conserva un microclima propio y sirve de refugio para distintas especies de fauna. Y hay un dato difícil de ignorar: a pocas cuadras de allí, sobre la av. Real Audiencia, vive la familia del alcalde saliente. ¿Quién gana con esta obra y quién pierde? La naturaleza, desde luego, ya sabemos.

Acertadísimo comentario. Más allá de la constitucionalidad o no de la medida, los acusados siempre saben la identidad de la persona que los juzga. Y así debe ser. La verdad incómoda es que a los jueces no los matan en una pantalla. Los matan en la calle, por falta de protección real. Proteger de verdad cuesta, y exige voluntad para reclamar esos recursos. Si el compromiso del @CJudicaturaEc es auténtico, debería acoger la sugerencia de @cjgallom para constituir una política seria de protección efectiva.

Señora Presidenta: cree la Dirección Nacional de Seguridad Judicial. La protección de jueces y fiscales no puede construirse desde la improvisación ni mediante medidas aisladas que, por novedosas que parezcan, carecen de una adecuada fundamentación técnica y jurídica. El protocolo recientemente emitido, plantea serias dudas sobre su compatibilidad con la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Durante los últimos meses, a través de la cooperación internacional, se trabajó precisamente en una alternativa técnica para comenzar a construir una verdadera política institucional de seguridad judicial. Ese trabajo partió del diagnóstico, la experiencia comparada y las necesidades del propio sistema de justicia. La propuesta existe. El instrumento está disponible y puede constituir un primer paso para proteger efectivamente a jueces, fiscales y demás operadores de justicia. No hay necesidad de empezar nuevamente desde cero. Aprovéchenlo.

No solo están cercenando el parque para hacer más vías, también van a derrocar la torre de control del viejo aeropuerto en lugar de hacerlo un punto de atracción del parque (!!) No pueden ser más hijos de puta @MunicipioQuito @ObrasQuito @pabelml definitivamente odian a la ciudad

Jueces y servidores judiciales enfrentan crecientes desafíos de seguridad. Por ello, @OEA_SegPublica, con apoyo de @StateINL, apoya al Consejo de la Judicatura del 🇪🇨 en el desarrollo de capacidades institucionales y en el diseño de una Dirección Nacional de Seguridad Judicial⚖️

Magistrado de Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Vallejo, sostuvo reunión con delegados del poder judicial de 🇪🇨 @CJudicaturaEc y delegados de @OEA_SegPublica y @USembassyEC para compartir experiencias y el rol clave de Oficina Asesora de Seguridad #RamaJudicial de 🇨🇴.🧵1/3