Vienen por los clubes. Macri propone, D’Onofrio calla. Por Daniel Kiper Mauricio Macri vuelve a ofrecer las sociedades anónimas deportivas como una solución para el fútbol argentino. Habla de modernización, inversiones y libertad de elegir. Pero el cambio que propone tiene una consecuencia concreta: que los clubes dejen de pertenecer a sus socios y pasen a responder a don Dinero. Los socios somos los dueños de los clubes. Con las SAD, perderemos el poder de gobernarlos. Nos quieren convertir en clientes Los clubes argentinos son asociaciones civiles porque nacieron del esfuerzo colectivo. Generaciones de socios levantaron sus sedes, construyeron sus canchas y sostuvieron sus actividades. Ese patrimonio tiene una historia y una finalidad social. No fue reunido para convertirse en una oportunidad de negocios. Resulta inaceptable sustituir el propósito de fomentar el deporte y la vida cultural y social por el de repartir dividendos La diferencia es fundamental: una institución deportiva debe procurar recursos para cumplir sus fines. Una empresa puede utilizar el deporte para obtener ganancias. Y esas ganancias no siempre coinciden con el interés del club Se puede ganar dinero formando deportistas, construyendo instalaciones y ganando campeonatos. Pero también se puede obtener rentabilidad vendiendo terrenos, encareciendo las actividades o reduciendo la inversión en disciplinas que no producen beneficios económicos. Un balance puede mejorar mientras el club pierde aquello que justifica su existencia El riesgo inmobiliario merece especial atención. En River hubo un proyecto de mudanza que contemplaba vender los terrenos del Monumental para financiar un nuevo estadio. En el predio que ocupaba Tiro Federal, el Gobierno de la Ciudad subastó las tierras para un desarrollo inmobiliario. Son operaciones distintas de una conversión en SAD, pero muestran el interés económico que despiertan esos espacios. Pensemos en Excursionistas: para un inversor, sus terrenos podrían resultar más atractivos como lugar para construir oficinas o departamentos que como espacio deportivo, social y recreativo. Para sus socios y su barrio, el valor está precisamente en las actividades que allí se realizan. ¿Qué criterio prevalecerá si el poder de decidir queda en manos de quien busca maximizar su inversión? También importa quién controla a los equipos. Si un mismo interés económico participara en clubes que deben competir entre sí, ¿cómo se protegería la independencia de sus decisiones? ¿Qué ocurriría si el beneficio del conjunto de los negocios aconsejara sacrificar a uno de ellos? La integridad deportiva exige respuestas que la promesa de inversiones no proporciona. Lo mismo sucede con el semillero. Formar deportistas demanda años, infraestructura y acompañamiento. Para una comunidad, es parte de la misión del club. Para quien busca ganancias rápidas, puede convertirse en un costo que conviene recortar. Y las actividades sociales, recreativas y culturales pueden terminar sometidas a una pregunta excluyente: cuánto dinero dejan. Cuando Macri elogia que en Talleres haya alguien que sea «como el dueño», deja expuesta su concepción. En una asociación civil ningún dirigente es dueño. Hay socios y autoridades elegidas para administrar un patrimonio que no les pertenece personalmente. Confundir liderazgo con propiedad es empezar a borrar ese límite. Defiendo las asociaciones civiles por convicción. Su gobierno democrático, su arraigo comunitario y la obligación de destinar sus recursos a la propia institución son valores que debemos fortalecer. Necesitan gestión profesional, transparencia y controles efectivos. Necesitan dirigentes que rindan cuentas. Ninguna de esas exigencias requiere accionistas La mala administración no justifica entregar el club. Justifica exigir responsabilidades. Y presentar la privatización como única salida para una institución endeudada convierte su necesidad en una oportunidad para quien espera quedarse con ella. //continúa

La vivienda: refugio del capital Por Daniel Kiper Una vivienda tiene hoy dos existencias. En una se duerme, se envejece, se recibe a los amigos. En la otra se calcula una renta, se preserva un capital, se espera una valorización. Durante mucho tiempo ambas compartieron el mismo techo. Ahora, en numerosas ciudades, la segunda ha empezado a cambiar las cerraduras. Maricarmen tenía ochenta y siete años y había vivido setenta en la misma casa de Madrid cuando, el 23 de septiembre, fue desalojada. La sacaron en camilla mientras cientos de personas la acompañaban desde la calle. El desalojo tenía una orden judicial. La imposibilidad de sacar setenta años por una puerta pertenecía a otra dimensión, difícil de encontrar entre las razones de una sentencia. Una casa habitada durante tanto tiempo termina aprendiendo a su habitante. Conserva la medida de sus pasos, reconoce sus silencios, acomoda la oscuridad para que pueda llegar al baño sin encender la luz. Para las tasaciones, esas cosas no existen. Una pared que ha escuchado una vida vale lo mismo que otra que no ha escuchado nada. Cabe imaginar que los años se resistían a salir. Algunos habrán quedado en los rincones, esperando que alguien explicara por qué la mujer debía marcharse y la casa podía quedarse. Después hubo una negociación y un acuerdo que le permitiría regresar al salir del hospital. La solución apareció después del desalojo, como aparecen ciertas llaves cuando ya se ha roto la puerta. La historia pertenece a Madrid. La contradicción atraviesa el mundo. En las oficinas donde se decide el destino de los inmuebles, una casa puede convertirse en una cifra sin perder un solo ladrillo. Se calcula cuánto habrá ganado al cabo de unos años. Quienes viven dentro hacen otra cuenta: cuánto les quedará para comer después de pagar por seguir allí. La propiedad siempre fue una forma de riqueza. El problema empieza cuando esa función gobierna las demás. Naciones Unidas ha advertido sobre su transformación en instrumento de acumulación, cada vez más distante de la necesidad de ofrecer un lugar donde vivir con seguridad y dignidad. El edificio se valoriza y sus habitantes se empobrecen. El barrio prospera en los anuncios y se vuelve inaccesible para quienes le dieron sus comercios y sus costumbres. Las personas se marchan; el metro cuadrado celebra su propia subida. En Estados Unidos, el informe de Harvard America’s Rental Housing 2026 registró que, en 2024, unos 22,7 millones de hogares inquilinos destinaban más del treinta por ciento de sus ingresos al alquiler y los servicios. De ellos, 12,1 millones empleaban más de la mitad. La porción restante debe alimentar a la familia, llevarla al trabajo y comprar los medicamentos. Cada mes, el alquiler se sienta primero a la mesa. Los demás esperan para saber qué ha dejado. En Canadá, la OCDE describió una crisis que había desbordado los sectores pobres y los centros urbanos. Señaló una oferta insuficiente y políticas que estimularon la compra sin ampliar adecuadamente las viviendas disponibles. La ayuda puede llegar al comprador y el precio adelantarse a recibirla. Le dan a una familia una escalera y la casa sube otro piso. En Australia, el informe nacional de 2026 calculó que un hogar con ingresos medianos necesitaba 11,2 años para reunir un anticipo del veinte por ciento. Once años para llegar al comienzo de una hipoteca. Durante esa espera, los proyectos familiares deben aprender a vivir en habitaciones prestadas. En España, la construcción insuficiente en las zonas de mayor demanda convive con la expansión de alquileres turísticos y temporales. Allí donde alguien necesitaba permanecer, otro podrá pasar unos días. El inventario conserva la casa; el residente pierde la posibilidad de habitarla. //continúa

El auge neoliberal: el desamparo como doctrina. Por Daniel Kiper. La expansión neoliberal por América Latina encuentra sociedades fatigadas por la inseguridad, la corrupción y la incertidumbre. Argentina, Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile, Costa Rica, Perú y Colombia componen un mapa de diferencias que sería imprudente borrar. Pero en esa diversidad puede reconocerse una orientación: el neoliberalismo presenta el predominio del poder económico como expresión de la libertad y la protección pública como una amenaza contra ella. En 2018, tras la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, escribí «Causas del triunfo de políticos reaccionarios». Señalaba entonces que la reacción había logrado invertir los términos del debate. La igualdad parecía un privilegio; la solidaridad, una ventaja indebida. Hoy advierto que el neoliberalismo contiene un proyecto más vasto. Para examinarlo, conviene enunciar sus principios —presentados como promesas de libertad y eficiencia— antes de recorrer sus consecuencias: 1. El Estado no desaparece: cambia de destinatarios. Reduce su función protectora y actúa para asegurar las condiciones que favorecen a quienes concentran poder económico. 2. Los derechos se convierten en obligaciones individuales. Cada persona debe solventar su propia protección para la enfermedad, la educación y la vejez. 3. La desigualdad disciplina. La inseguridad económica obliga a aceptar condiciones que, en otras circunstancias, deberían rechazarse. 4. La competencia organiza las relaciones sociales. El compañero se vuelve rival y el padecimiento común se interpreta como fracaso personal. 5. La democracia conserva el voto, pero restringe sus consecuencias. Los ciudadanos eligen autoridades mientras determinadas decisiones económicas quedan fuera de discusión. 6. El cálculo de rentabilidad invade la vida. El cuidado de una persona debe justificar su costo, como si la dignidad humana dependiera de un balance. Son distintas manifestaciones de una misma transformación: someter las relaciones sociales a las reglas de una empresa. El primer principio contiene una paradoja. La doctrina que denuncia la intervención estatal necesita al Estado para realizar su programa. La privatización, la reorganización del trabajo y la extensión de los mercados requieren leyes, instituciones y decisiones públicas. Cuando el Congreso no concede lo que el programa exige, se pretende convertir el decreto de necesidad y urgencia en sustituto de la deliberación legislativa, y la pasividad judicial, en garantía de su continuidad. La pregunta es a quién protege esa intervención. Cuando el Estado retira una garantía laboral, modifica la relación entre quien necesita trabajar y quien puede contratarlo. Cuando reduce una cobertura social, aumenta la urgencia de quien debe conseguir un ingreso. La protección que desaparece de un lado reaparece como poder en el otro. Para justificar esa retirada se ha difundido una desconfianza indiscriminada hacia lo público. Un hospital, una jubilación, una regulación laboral y la planificación integral de la economía quedan reunidos bajo una misma acusación: restringirían la libertad individual. En las versiones extremas de ese argumento, la protección social inaugura un recorrido cuyo término sería el totalitarismo. Pero una secuencia de palabras no constituye una demostración. Entre una política social democrática y una dictadura existen diferencias que ningún razonamiento honesto puede omitir: pluralismo, libertad de crítica, controles judiciales y posibilidad de sustituir a los gobernantes. El poder estatal debe ser limitado porque puede abusar. De esa verdad no se desprende que toda protección sea un abuso. La sociedad concebida como empresa exige que cada individuo administre su existencia. Debe invertir en su educación, asegurar su salud, financiar su vejez y responder por el resultado. Hay una apariencia de libertad en esa propuesta. También hay una obligación que no todos pueden cumplir. //continúa 1

//continuación 1 La enfermedad no espera a que una persona haya reunido capital suficiente. La vejez puede llegar después de una vida de trabajo mal remunerado. Un niño necesita educación antes de estar en condiciones de pagarla. El riesgo permanece. Su tratamiento se vuelve individual. Lo que antes justificaba una responsabilidad compartida queda sujeto a una previsión privada. Cada uno deberá haberse anticipado a su desgracia. Quien no pudo hacerlo recibirá, junto con la privación, una explicación: administró mal su vida. La doctrina obtiene así una ventaja singular. Puede atribuir al individuo las consecuencias de condiciones que ese individuo no eligió. La precariedad modifica la conducta. Quien teme perder su ingreso reclama menos. Quien carece de alternativas acepta más. Quien dedica el día a sobrevivir dispone de pocas horas para organizar una resistencia. La inseguridad económica puede producir obediencia sin necesidad de una orden. Cuando la desigualdad se presenta como incentivo, esa obediencia adquiere una justificación. Las diferencias estimularían el esfuerzo; la protección lo debilitaría. El temor a caer se convierte en una virtud del sistema. El mérito completa el razonamiento. El que prospera habría demostrado capacidad; el que fracasa debería examinar su voluntad. Sin embargo, dos esfuerzos semejantes pueden tener destinos distintos. Uno encuentra una vivienda heredada, buena alimentación, tiempo para estudiar y relaciones que abren puertas. Otro encuentra deudas, obligaciones tempranas y una educación interrumpida. Reconocer esas diferencias permite comprender el esfuerzo. Negarlas permite absolver a las condiciones de partida. La competencia extendida a todas las relaciones transforma también la mirada sobre los demás. El compañero disputa una vacante. El desempleado reclama recursos. El jubilado representa un gasto. El trabajador que hace huelga interrumpe el viaje de quien todavía conserva su empleo. Personas expuestas a una misma inseguridad aprenden a reconocer en otras personas inseguras la causa de sus dificultades. El trabajador cuyo salario no alcanza es convocado a indignarse contra quien recibe asistencia. La estabilidad ajena aparece como privilegio. La protección que uno perdió se vuelve una razón para desear que otro también la pierda. La igualdad puede terminar entendida como una distribución pareja del desamparo. Mientras tanto, el conflicto entre trabajo y capital conserva su existencia, aunque sus consecuencias se experimenten por separado. Cada empleado negocia solo. Cada desempleado se avergüenza en privado. Cada jubilado intenta demostrar que merece lo que reclama. La solidaridad pierde legitimidad cuando más necesaria resulta. Y quienes necesitan reunirse para ejercer algún poder quedan divididos por la competencia que se les propone. La democracia supone que los ciudadanos pueden intervenir en las decisiones comunes. Esa posibilidad exige derechos y también condiciones para ejercerlos. Quien teme una represalia puede tener libertad de expresión y guardar silencio. Quien trabaja hasta el agotamiento puede tener derecho a protestar y carecer de tiempo. Quien depende de una voluntad ajena para subsistir mide cada palabra por sus posibles consecuencias. La desigualdad económica produce desigualdad política. A esa restricción se agrega otra: determinadas orientaciones económicas son presentadas como asuntos que ninguna mayoría debería revisar. Se invocan exigencias técnicas, necesidades inevitables y reglas que estarían por encima de la discusión. El ciudadano puede cambiar al gobernante, pero descubre que no puede cambiar aquello para lo cual lo eligió. //continúa 2

Es la economía, estúpido. Por Daniel Kiper. La mañana en que Luis Caputo descubrió al anticristo, las calculadoras siguieron funcionando como si nada. Fue el 29 de septiembre, durante el CFO Summit organizado por El Cronista, y los empresarios habían llegado con sus teléfonos cargados y el propósito de averiguar qué harían con su dinero. El ministro les anunció que «el kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo». Después agregó «porque efectivamente lo es», para que nadie creyera que estaba hablando por boca de otros. A partir de allí, cabe imaginar que las planillas adquirieron una temperatura desconocida. Un director financiero abrió la proyección de inversiones y encontró que la celda correspondiente a 2027 despedía un tenue olor a azufre. Intentó corregirla, pero el programa le informó que no podía calcular el valor de una condenación eterna. Como había trabajado treinta años entre balances, hizo lo que sabía hacer: anotó el problema al pie y dejó pendiente la decisión. En el salón nadie llevaba un crucifijo. Habían llevado calculadoras. El ministro explicó que el temor a un regreso del peronismo retraía inversiones. La incertidumbre electoral podía influir, desde luego, en las decisiones de quienes debían comprometer capital. Pero aquella mañana le había crecido una dimensión sobrenatural. Ya no bastaba con estimar impuestos, ventas, costos y plazos: había que establecer las probabilidades de que el gobernador de Buenos Aires inaugurara “el fin de los tiempos”. Un hombre que había venido a preguntar por el crédito guardó silencio. Temió que su consulta resultara demasiado pequeña para la ocasión. Treinta y cuatro años antes, James Carville había instalado en la campaña de Bill Clinton una advertencia mucho más terrenal: «Es la economía, estúpido». Estaba dirigida al propio equipo, para que no perdiera de vista las preocupaciones de los ciudadanos. La frase tenía la brevedad de las cosas que caben en una cocina. Allí donde una mujer abre una factura, la alisa con la palma de la mano y vuelve a hacer una cuenta que ya hizo dos veces. Siempre queda la esperanza de haber sumado mal. Cuando descubre que la cuenta está bien, dobla el papel y lo deja debajo del frutero, donde las deudas maduran sin que nadie las toque. Caputo había elegido otro escenario. En el suyo, las dificultades podían explicarse por la presencia de un mal que todavía no gobernaba el país, pero ya conseguía interferir en los asuntos de quienes sí lo hacían. Era una criatura de notable eficiencia. Podía desalentar una inversión desde La Plata, aparecer en una reunión de directorio sin haber sido invitada y hacer temblar una planilla a varios miles de kilómetros. Al ministro le correspondía advertir su presencia. A los demás, rezar. Sería injusto afirmar que Caputo no habló de economía. Defendió su rechazo a una devaluación y sostuvo que la competitividad debía mejorar mediante menores impuestos, menos regulaciones y un menor costo financiero. También habló de salarios competitivos. Había allí medidas para examinar y promesas para contrastar con sus resultados. Pero el anticristo se había sentado entre las cifras y cada vez que alguien intentaba mirar un número encontraba su sombra. Lo de los salarios merecía una explicación adicional. Competitivos, dijo el ministro. En alguna casa, un trabajador habría querido saber si eso significaba que el suyo alcanzaría para comer, pagar el alquiler y comprar los remedios de su madre. La palabra podía ser satisfactoria en una presentación y quedarse corta al llegar al almacén. Tal vez, apelando a las fuerzas del cielo, se contara con un milagro que multiplicara los panes. Por el momento, convenía conocer su fecha, porque el hambre tiene la mala costumbre de presentarse todos los días. //continúa

J.P. Morgan: la revelación. Por Daniel Kiper. Aquel día, en el bodegón donde cocinaba doña Elena, quedaban tres huevos, medio paquete de arroz y una factura de electricidad que había crecido durante la noche. Ella la había dejado debajo del frutero, doblada en dos, y por la mañana encontró que sobresalía por ambos extremos de la mesa. No se sorprendió. Desde hacía meses las cuentas crecían mientras todos dormían. El ministro de Economía llegó a la una, con una carpeta azul y la serenidad de quien tenía el almuerzo resuelto. Doña Elena le hizo un lugar entre las facturas y puso agua para el café. —Este mes compré menos y gasté más —le dijo. Sacó de un sobre los tickets del supermercado. Eran tan largos que uno cayó al suelo y siguió desenrollándose hasta la cocina. El gato, que había aprendido a dormir sobre las boletas vencidas por el calor que despedían, abrió un ojo. El ministro no miró los papeles. —Hay que evitar que las percepciones personales nos impidan ver el conjunto. Nuestro presidente es un experto en hacer crecer la economía, con y sin dinero. Y cuenta con un equipo de expertos que lo acompaña. Doña Elena le mostró el conjunto. Había escrito las cuentas en el reverso de un almanaque: alquiler, gas, luz, mercadería. Cada vez que sumaba, el resultado aumentaba un poco. Por eso había dejado de hacer la suma por la noche. Él le habló del acomodamiento de los precios. Ella miró la alacena. Acomodaba los paquetes todos los días, cada vez más separados, para que los estantes no parecieran vacíos. Al principio alcanzaba con poner el aceite entre los fideos y la harina. Después había tenido que adelantar las latas. Ahora colocaba una taza en el fondo para que, al abrirse la puerta, pareciera que todavía había algo detrás. —Mi marido está trabajando tres días por semana —dijo. El ministro explicó que algunos sectores debían reconvertirse. En ese momento entró Anselmo. Tenía cincuenta y ocho años, las manos manchadas de grasa y una cajita de herramientas con la que recorría el barrio los días que la fábrica no lo necesitaba. Saludó y fue hasta la pileta. El jabón se había vuelto tan pequeño que para encontrarlo había que esperar a que el agua lo levantara. —¿Reconvertirse en qué? —preguntó doña Elena. El ministro mencionó la minería y la energía. Eran sectores de grandes perspectivas. Anselmo se secó las manos. Esperó por si había una dirección, un nombre, alguien a quien presentarse. Como no lo hubo, tomó la cajita y salió a reparar una persiana. El ministro dijo que los resultados llevarían tiempo. Doña Elena conocía bien el tiempo. Desde enero, los meses terminaban el día diecinueve. Los otros días había que vivirlos de todos modos, aunque ya no pertenecieran a ningún sueldo. Le contó que había cerrado la ferretería de la esquina. Durante cuarenta años el dueño había vendido tornillos, clavos y consejos para arreglar las cosas sin comprar otras nuevas. Una tarde bajó la persiana y a la mañana siguiente el local había desaparecido. Entre la farmacia y la panadería quedó una pared lisa. Los vecinos seguían deteniéndose allí con las piezas rotas en la mano. También había cerrado la tienda donde ella compraba su ropa. Los vestidos del escaparate fueron perdiendo cuerpo hasta que sólo quedaron las perchas. —No se puede juzgar una economía por una ferretería —dijo el ministro. Doña Elena agregó que la panadería apagaba el horno más temprano y que el almacenero ya no fiaba. El cuaderno de las deudas se había vuelto tan pesado que dos empleados tenían que levantarlo para limpiar el mostrador. El ministro calificó aquellos hechos de anecdóticos. Ella sirvió el café. Puso el azucarero junto a él y lo vio servirse dos cucharadas. Quiso advertirle que el proveedor no volvería hasta que le pagaran, pero le dio vergüenza. —La inflación está bajando —dijo él. —La carne sigue subiendo. //continúa