Opinión - 1/2 LA LAVANDERÍA Narco, delitos, lavado y política Nadie anda por la vida con un cartel que diga narcotraficante. Ni lavador. Ni delincuente. Ni chorro. Ni estafador. Hasta que los descubren, los investigan y eventualmente la Justicia determina sus responsabilidades, muchas personas vinculadas al delito llevan una vida aparentemente normal. Compran una casa, alquilan un apartamento, cambian el auto, van a restaurantes, tienen empresas, contratan profesionales, hacen negocios, tienen amigos, van a cumpleaños, participan de clubes, instituciones y actividades sociales. Son parte de la vida diaria de la sociedad. Es más: en el caso del lavado de activos, muchas veces necesitan de actividades lícitas para encubrir las ilícitas. Necesitan que el dinero de origen criminal se mezcle con negocios, operaciones y actividades perfectamente legales para darle apariencia de legitimidad. Por eso se relacionan con gente que nada tiene que ver con el delito: comerciantes, empresarios, profesionales, empleados, propietarios, inmobiliarios, escribanos, contadores, bancos, proveedores y clientes. Y también con la política. Tienen opiniones políticas, simpatizan con partidos, concurren a actos o colaboran con campañas. El problema empieza cuando, después de que alguien cae, miramos hacia atrás y pretendemos que todos los que alguna vez se cruzaron con esa persona debieron haber sabido lo que nosotros sabemos ahora. Ahí aparecen los detectives retrospectivos: el escribano debió sospechar, el inmobiliario debió saber, el comerciante debió darse cuenta, el político debió conocer, el amigo debió imaginar. Y así vamos construyendo responsabilidades por proximidad. Pero una democracia seria no puede funcionar de esa manera. Hay que separar las cosas. Una cosa es participar conscientemente de una operación de lavado. Otra es incumplir deliberadamente las obligaciones que la ley exige. Y otra muy distinta es realizar una operación legítima con una persona cuya actividad criminal se desconocía. Con la política sucede exactamente lo mismo. Que un narcotraficante haya tenido contacto con un partido político no significa, por sí solo, que el narcotráfico se haya infiltrado en ese partido. Que una persona que posteriormente resulte ser delincuente haya realizado un aporte legal, identificado y declarado tampoco demuestra, por sí mismo, que el narcotráfico financió una campaña. Y que un funcionario, militante o integrante de un partido lleve una doble vida y cometa delitos tampoco transforma automáticamente al partido en responsable de esos delitos. La pregunta es otra: ¿qué significa realmente que el narcotráfico se infiltre en la política? Significa algo muchísimo más grave. Significa que el dinero del delito busca comprar influencia, obtener protección o condicionar decisiones. Que intenta colocar personas, conseguir información, torcer controles, obtener favores o construir impunidad. Significa que existe conocimiento, intención o connivencia. Eso es infiltración del narcotráfico en la política. Y precisamente porque es gravísimo, no deberíamos banalizarlo. No todo contacto es complicidad, no todo aporte es infiltración, no toda relación social es asociación y no todo delito cometido por alguien cercano convierte en delincuentes a quienes lo rodeaban. La responsabilidad es personal, salvo que existan hechos que demuestren otra cosa.Esto no significa mirar para otro lado. Los partidos políticos deben cumplir la ley. Los aportes deben realizarse dentro de las reglas establecidas, identificarse cuando corresponde y declararse de acuerdo con la normativa vigente. Uruguay tiene una ley que regula el financiamiento de los partidos políticos. No podemos pedirle a cada ciudadano, comerciante, profesional, dirigente político o institución que conozca la vida secreta de todas las personas con las que se relaciona. Podemos exigir que cumpla la ley, que cumpla las obligaciones que le corresponden y que actúe con transparencia .sigue @PNACIONAL @Herrerismo