⚠️Hoy hablamos en el Congreso sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Adelantamos algo: plantea una reforma peligrosa.
El proyecto no defiende la soberanía: reorganiza áreas centrales del Estado bajo la lógica de la “seguridad nacional” y concentra facultades inéditas en el Poder Ejecutivo. Mezcla defensa, seguridad e inteligencia, borra límites construidos desde 1983 y habilita medidas excepcionales como herramientas permanentes frente a “amenazas” definidas de manera vaga.
Además, tiene serios problemas de constitucionalidad. El Consejo de Seguridad Nacional podría investigar y aplicar sanciones gravísimas (incluso como “medidas urgentes”, antes de que exista un procedimiento) bajo secreto y con revisión judicial sólo posterior y sin efecto suspensivo. Esto significa usar herramientas propias del estado de sitio sin sus controles constitucionales.
La reforma penal es alarmante: incorpora delitos basados en conceptos imprecisos como “desinformar”, “manipular la opinión pública”, “actividades terroristas” o “apoyo material”, con penas de hasta 15 años. Son figuras que chocan con los principios de taxatividad, lesividad, necesidad y proporcionalidad y ponen en riesgo la libertad de expresión. La definición de “apoyo material” es tan amplia que podría alcanzar la asistencia humanitaria, médica o jurídica y el trabajo periodístico.
En nombre de defender al país, el Congreso puede terminar entregándole al Ejecutivo herramientas extraordinarias para investigar, sancionar y perseguir dentro del propio país. Eso no es defender la soberanía: es avanzar hacia un la configuración de un Estado antiterrorista.