—Señor si confiesa que asesinó inocentes su pena de 40 años se reduce a 2 y la JEP lo deja libre.
—Pero yo no hice nada
—No nos importa. O se atiene a 20 años de litigios y pagar abogados. Igual lo vamos a encanar.
—¿En qué auditorio es que me toca hablar de los falsos positivos?
Me informan que, presuntamente, funcionarios de la JEP estarían presionando a comparecientes de la Fuerza Pública para que soliciten a la CIDH la adopción de medidas cautelares, con el fin de impedir el recorte presupuestal.
Cabe recordar que este recorte no es exclusivo del Tribunal, sino transversal a todas las entidades del Estado, en el marco de la grave situación fiscal que atraviesa el país.
También estarían diciéndoles que, de confirmarse el recorte, la JEP no podría funcionar y sus casos pasarían a la jurisdicción ordinaria sin las reglas especiales de la justicia transicional.
De confirmarse esta situación, se configuraría una instrumentalización inadmisible de soldados y policías por parte de un Tribunal que los equiparó con el terrorismo y que no les respetó la garantía del juez natural.
Adjunto documento que nos hacen llegar :