La Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, explica que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional precisa los efectos de la inhabilitación por operar ilegalmente en Malvinas y fija un cese ordenado: “El proyecto también, en este primer capítulo, lo que hace es que impone o establece un menú más grande de sanciones. La ley vigente únicamente prevé la sanción de inhabilitación de 5 a 20 años. El otro punto que se hace es que se establece con mayor precisión cuáles son los efectos de la inhabilitación. La ley actual es demasiado vaga y deja mucho vacío, que genera mucha inseguridad jurídica respecto de qué pasa al día siguiente, qué pasa con los terceros de buena fe que tengan contratos…”.