La JEP habría suscrito 22 convenios con el PNUD para presuntamente tercerizar la contratación de $201.467 millones entre 2018-2026 a través de un organismo que goza de inmunidad diplomática, no se puede investigar y no está obligado a informar a quién contrata, cuánto le paga y qué labor realiza. Secretismo total.
Esto sería más grave que lo visto con el Fondo paralelo de MinIgualdad.
Además, implicaría presuntas irregularidades:
1. La JEP acordó que los convenios se regirían por las reglas del PNUD, lo cual solo es posible hacer si el organismo internacional aporta más del 50% del valor. Esto solo ocurrió en 5 de los 22 Convenios.
2. El PNUD solo realizó aportes en especie. Nunca entregó dinero. La JEP valoró a cuánto ascendía su aporte, pero en la información disponible en Secop no es posible determinar en detalle cómo llegó a cada estimación.
3. La Ley prohibe que se usen convenios de cooperación internacional para ejecutar recursos del Presupuesto. La razón es muy sencilla: se busca evitar que se evadan las reglas de contratación a través de estas entidades.
En este caso, el PNUD habría ejecutado los recursos de la JEP para realizar labores propias de la entidad: garantizar asesoría jurídica a víctimas, fortalecer la capacidad de la Unidad de Investigación, etc.
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