Habla hoy Nadia Beller a través de su cuenta de facebook.👇
BOLIVIA HA ROTO EL ESTADO DE DERECHO Y SU SOBERANÍA
Para encubrir a Fernando Cerimedo y a quienes están vinculados al poder del Gobierno de Rodrigo Paz, se rompió el endeble Estado de Derecho que teníamos. Hoy en Bolivia ya no existen garantías de un proceso imparcial.
La secuencia de hechos resulta demasiado grave como para analizar cada acontecimiento de manera aislada.
Uno de los elementos centrales utilizados ahora para aprehender al fiscal general Roger Mariaca, quien investigaba al asesor del presidente y a la familia presidencial, es una conversación de Sebastián Marset con un policía durante su captura.
El policía le dice que Mariaca está llamando e insiste en preguntarle por qué. Marset responde:
“Mariaca es mi amigo, hablo con él”.
No fue una declaración judicial ni una declaración informativa ante un fiscal. Fue una conversación informal con un agente policial que puede constituir un indicio, pero no una prueba por sí misma.
Y si se pretende utilizar la manifestación de un detenido para incriminar a otra persona, deben observarse principios elementales, entre ellos la ausencia de incredibilidad subjetiva: establecer si quien incrimina está movido por interés personal, si está con ello intimidando o busca algún beneficio. Claramente es la palabra de un delincuente que intenta mejorar su situación legal. Entonces:
¿Dónde está esa investigación?
¿Dónde está la corroboración?
Y la pregunta fundamental:
SI ESA INFORMACIÓN EXISTÍA DESDE MARZO, ¿POR QUÉ ESPERARON HASTA AHORA?
Marset fue capturado en marzo. Durante aproximadamente seis meses Mariaca continuó como fiscal general, ejerciendo sus funciones y conduciendo el Ministerio Público. Todos esos funcionarios públicos guardaron esa grabación pese a estar en la obligación de denunciar.
Ahora, justamente cuando se abren múltiples investigaciones contra Fernando Cerimedo —tentativa de feminicidio, legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones y posibles vínculos con estructuras de narcotráfico—, ¡JUSTO AHORA!, se moviliza todo el aparato contra el fiscal general.
Y hay otro elemento que no puede separarse de esta historia.
El vicepresidente Edmand Lara difundió un audio en el que se escucha a Fernando Cerimedo coordinar pagos de 15.000 dólares por aeronave y vuelos de narcotráfico desde el Beni. En la conversación aparece mencionado el entonces jefe nacional de la FELCN, coronel Franz Cabrera, con quien Cerimedo debía coordinar.
Entonces pregunto:
¿POR QUÉ EL AUDIO DE MARSET VALE PARA APREHENDER AL FISCAL, PERO EL AUDIO DE CERIMEDO NO TIENE EL MISMO VALOR?
¿Por qué no se fueron en el mismo avión Cerimedo y Cabrera?
Estados Unidos retiró la visa a Cabrera, quien hasta hace una semana era jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico del Gobierno de Rodrigo Paz. ¿Por qué no recibió el mismo trato que Mariaca?
¿POR QUÉ NO SE APLICA LA MISMA VARA A TODOS?
Si Estados Unidos tiene información de inteligencia corroborada sobre narcotráfico y corrupción, debe entregarla a Bolivia y someterla al debido proceso. Y esa información debe tener el mismo valor probatorio para todos los involucrados, no utilizarse selectivamente contra quien investiga al entorno presidencial.
No puede una decisión administrativa de una potencia extranjera convertirse en sustituto de una investigación penal boliviana.
EL GOBIERNO NO PUEDE SIMPLEMENTE DECIRLE A SUS ALIADOS: “ESTE ME ESTORBA, LLÉVATELO”.
Anunciaron que habían requerido información a Estados Unidos, pero ya estaban esperando el avión.
En menos de 48 horas después de las medidas de Estados Unidos se producen los operativos contra autoridades del Ministerio Público.
Y ayer ocurrió algo todavía más llamativo: Fernando Cerimedo y sus abogados no se presentaron a una audiencia de apelación que él mismo había solicitado. ¿Estaban esperando que ocurriera exactamente esto?
Mientras tanto, la Policía ALLANA ILEGALMENTE las fiscalías donde se encuentran investigaciones y pruebas vinculadas a Cerimedo y la familia del Presidente.
LA POLICÍA QUE ESTÁ SIENDO INVESTIGADA POR SUS POSIBLES VÍNCULOS CON CERIMEDO TERMINA INTERVINIENDO LAS INSTALACIONES DONDE ESTÁN LAS PRUEBAS CONTRA CERIMEDO.
En mi propio caso de tentativa de feminicidio existen investigaciones sobre miembros de la Policía que habrían colaborado con Cerimedo en la planificación y ejecución del ataque destinado a matarme.
¿Quién controla ahora a los policías que están interviniendo esas pruebas?
¿Quién garantiza la cadena de custodia?
¿Quién garantiza que no desaparezca, sea alterado o manipulado ningún documento, teléfono, audio, fotografía o registro?
¿QUIÉN INVESTIGA A LOS QUE ESTÁN INTERVINIENDO LAS INVESTIGACIONES?
Incluso si todo lo que se acusa a Mariaca fuera cierto, eso no autoriza a violar el debido proceso, intervenir ilegalmente las fiscalías, romper la cadena de custodia ni destruir la independencia del Ministerio Público.
Todo esto nos deja la duda razonable de si SE ESTÁ UTILIZANDO ESTA CRISIS PARA SACAR DEL CAMINO A QUIENES INVESTIGAN A CERIMEDO
¿Se está preparando el terreno para colocar un fiscal general funcional al Gobierno?
Uno que no investigue al presidente ni a su familia, a sus operadores, a sus funcionarios, a la Policía ni a Fernando Cerimedo.
Porque ya vimos lo que ocurre cuando el poder de este gobierno controla las instituciones: No hubo censuras frente a hechos gravísimos. No hubo respuestas satisfactorias sobre la desaparición de dinero, caja fuerte y joyas vinculadas al caso Sebastián Marset, operativo realizado exclusivamente por la Policía y el Gobierno.
Tampoco hubo una respuesta institucional proporcional frente al combustible basura vendido a los bolivianos.
La Asamblea Legislativa aprueba créditos y leyes a pedido del Ejecutivo.
¿Y ahora pretenden que creamos que esa misma Asamblea garantizará la independencia del próximo fiscal general?
NO HAY NINGUNA GARANTÍA DE ESO.
Porque un fiscal general afín al poder puede significar el fin de las investigaciones, la pérdida o alteración de pruebas y, finalmente, la libertad de Fernando Cerimedo y la impunidad de la larga lista de hechos atribuidos al entorno Presidencial.
Aquí está en juego la independencia del Ministerio Público, la integridad de las pruebas, el debido proceso y la soberanía de Bolivia.
Porque si una potencia extranjera señala a una autoridad boliviana y casi inmediatamente después esa autoridad termina aprehendida y extraditada ilegalmente; si otros funcionarios alcanzados por las mismas medidas reciben un trato distinto; si la Policía interviene las fiscalías donde están las pruebas contra personas vinculadas al poder; y si una Asamblea subordinada al Ejecutivo debe elegir al próximo fiscal general,
ENTONCES YA NO EXISTE SEGURIDAD JURÍDICA PARA NADIE.
BOLIVIA ESTÁ VIVIENDO UNA DE LAS HORAS MÁS CRÍTICAS DE SU DEMOCRACIA: SE ESTÁ ROMPIENDO EL ESTADO DE DERECHO Y SE ESTÁ ENTREGANDO LA SOBERANÍA DE SUS INSTITUCIONES.