El gobierno socialista de Sánchez no ha destacado por cumplir sus promesas electorales (del mismo modo, por cierto, que el popular de Rajoy), pero no se le puede reprochar que no haya cumplido, al menos, una de ellas. Y no una cualquiera, sino la más miserable de todas: en su discurso de investidura, embebido de esa derrota en las urnas que le supo a victoria en Waterloo, el presidente del Gobierno prometió "levantar un muro" entre los españoles, un parapeto divisor entre quienes lo votan y aquellos que no, englobados estos últimos bajo la etiqueta de "fascistas" que el socialismo ha reservado a todo aquel que no comulga con su fe.
Para construir este muro, y darle esa inquebrantable solidez de quien aspira antifascistamente a un Reich de mil años, Pedro Sánchez se ha servido del material más resistente que se pueda imaginar: las ideas. Y lo ha hecho valiéndose del instrumento que con mayor docilidad se ha plegado a la manipulación: la televisión pública. Con el paso de los años, y de manera intensiva en la etapa crepuscular del sanchismo, conforme se multiplicaban los frentes abiertos por la suma de sucesivos casos de corrupción, RTVE ha sido colonizada por comisarios políticos encargados de "escudellar" el argumentario diario cocinado por el Partido Socialista: Silvia Intxaurrondo, Xabier Fortes, Jesús Cintora, Javier Ruiz y su pareja Sarah Santaolalla, Gabriel Miró, Marta Flich, Mercedes Milá, Inés Hernand... La lista no paró de ganar peso conforme avanzaban las legislaturas. Quizá no peso intelectual, pero sí peso impositivo en las ya maltratadas cuentas de cada vez más españoles.
Porque el adoctrinamiento de RTVE va mucho más allá de las omnipresentes tertulias políticas. Impregna el entretenimiento, la ficción, la cultura, los deportes... Todo aquello que se financia con los impuestos de todos los españoles ha quedado subordinado a una estrategia partidista de extensión de trincheras, con su consecuente fractura social. Una televisión pública, en fin, que ha renunciado a ser de todos para convertirse en un altavoz del poder socialista entregado a la corrupción del sistema. El dinero de los contribuyentes se utiliza en ella para alimentar un relato sectario que solo sirve para dividir a la sociedad y asegurar la supervivencia de los padrinos políticos de la mafia que la controlan.
Cerrar RTVE sería, en consecuencia, un acto de higiene democrática. La libertad de información está hoy garantizada por una pluralidad de medios privados, por la competencia en el mercado y por la capacidad crítica de los ciudadanos. Lo que no necesita España es seguir sosteniendo, con el dinero de todos, un aparato de propaganda con pretensión de frontera moral. Derribar el muro, empezando por el cierre de RTVE, sería el primer paso para recuperar una esfera pública verdaderamente abierta y libre.