Los vehículos de los esquemas de protección de las FARC nos estarían costando a los colombianos un estimado de $226.000 millones anuales, a lo cual se debe sumar el valor del número de escoltas -incluidos los viáticos- de cada esquema que no se conoce por ser dato reservado.
De acuerdo a la información que entregó la UNP ante la JEP en 2025, hay 1.272 vehículos destinados a 2.512 miembros de las FARC.
Teniendo en cuenta la cotización que le dio la UNP al Senado para suscribir el convenio de protección de 2026, las camionetas con blindaje III y IIIA tienen un costo promedio de $17 millones mensuales. Y los carros convencionales cuestan en promedio $11 millones mensuales. Haciendo la cuenta, el costo podría superar los $226.000 millones anuales.
Está bien que el Estado proteja a los desmovilizados que efectivamente se reincorporaron a la vida civil, pero debe haber claridad frente a las condiciones dadas al Secretariado de las FARC, más aún cuando solo dieron $46.194 millones para reparar a las víctimas y no entregaron el 81.8% de los inmuebles y el 96.5% de los muebles que se comprometieron a dar (Contraloría).
Con una fortuna estimada de las FARC de US$600 millones en 2014 (Forbes), es indignante que los colombianos estemos costeando este gasto tan alto en medio de una alarmante crisis fiscal que nos tiene pagando tasas de endeudamiento superiores al 13% y tiene comprometido el escaso presupuesto de inversión de 2027.
No repararon a las víctimas, no entregaron las rutas del narcotráfico, no devolvieron todos los niños reclutados, no pagaron un día de cárcel, montaron un Tribunal (JEP) hecho a su medida y, tras de todo, los colombianos debemos financiar su protección.
El Acuerdo de La Habana terminó siendo la operación de lavado de activos más grande de la historia. ¿Dónde está la fortuna de las FARC?